• La cuestión de la correlación de fuerzas. Chile pone en crisis su abordaje habitual. Con este se construye siempre una forma sesgada hacia la consideración realista y limitante de ese concepto. Ese enfoque, por ejemplo, nada previó dos años antes del comienzo de las movilizaciones callejeras sobre el devenir de lo que luego ocurrió.
• Las democracias formales organizadas bajo el paradigma del republicanismo liberal asumieron formas degradadas en los últimos años de la vida política del subcontinente. Chile fue un emblema de esa perspectiva, siempre funcional al neoliberalismo que culminó en un régimen represivo sistemático al movimiento popular que se extendió por dos años.
• El camino hacia la democratización de la vida ciudadana de la rebelión chilena no se circunscribió a la pasivización popular circunscripta a la exclusividad del acto electoral. Por el contrario la participación masiva de los cuerpos movilizados callejeramente fueron la forma de romper con el cerco de la pura y mera representatividad que finalizó en el encarcelamiento de la propia democracia sustantiva.
• El esquema bipolar entre una derecha, heredera del régimen dictatorial, y un centro-izquierda cultivador de la lógica de la correlación de fuerzas, produjo una falsa realpolitik, donde derechas y progresismos se alternaron en el poder compartiendo el programa de la mercantilización de los bienes y servicios esenciales, sustraídos a su existencia como derechos económicos y sociales. Así fue con la salud, la educación, las jubilaciones y las tarifas de los servicios públicos.
• Una vez que la revuelta popular se extendió y popularizó, el poder constituido asumió que las detenciones, heridas y muertes no frenarían la enérgica voluntad popular manifestada en las calles. En consecuencia recurrió al intento de encausar el descontento en los marcos de la república liberal, mediante la convocatoria a una Asamblea Constituyente modelada para una salida gatopardista. Le fue mal, perdieron abrumadoramente las elecciones. Tal como le ocurrió al GAN de Lanusse en 1973, la alternancia chilena fue derrotada en las urnas, que instituyeron lo que la calle ya había manifestado.
• Mientras Chile está en este punto, Colombia vive una intensa pueblada que tiene sus parecidos con la del país trasandino pero con un republicanismo liberal que encubre una de las peores dictaduras del continente, donde los opositores y líderes sociales son perseguidos y asesinados a mansalva por el régimen.

La Argentina en ese contexto

El bloque de poder, que tiene una estructuración tan o más fuerte que el propio armado político de la derecha, está empeñado en no permitirle al gobierno del Frente de Todos realizar reforma alguna. La Sociedad Rural, la CRA, la UIA, la AEA y la Convergencia Empresarial endiosan al mercado y la propiedad privada articulados con Juntos por el Cambio, una fuerza política galvanizada como una derecha rabiosa, ideologizada y a la vez amarilla, sin discurso de ideas y con un marketing que milita la despolitización de la sociedad, como único medio para evitar el desmantelamiento de su fuerza electoral.

Esa derecha opositora tiene un fuerte maridaje con el aparato del Estado, evidenciando el papel que las repúblicas liberales tienen reservado al Poder Judicial: la limitación del poder popular para garantizar la eternización del poder social y económico de las minorías acaudaladas y privilegiadas.

El tiempo de gobierno que lleva el Frente de Todos ha exhibido cabalmente la imposibilidad para un consensualismo de reformas que sea admitido por el patronato concentrado, cuya adhesión no está en disputa alguna porque su única apuesta es a la articulación del bloque conservador sin concesión alguna para la construcción de una sociedad más justa. Su modelo “democrático” exige el adocenamiento del Frente de Todos para convertirlo en un émulo de la Concertación chilena, la socia de la reprimarización de la economía en ese país, desarraigada de las necesidades populares y hoy arrasada por el huracán popular de los jóvenes rebeldes decididos a la transformación de su país. En el presente de América Latina, un proyecto transformador o simplemente reformador está obligado a medir fuerzas, a confrontar. La palabra obligado resulta clave, porque no se trata de un rumbo escogido por un gobierno de raíces populares, sino de una decisión del establishment de no consensuar, su obsesión es impedir.

Sinrazones y evidencias del alza de precios

La argumentación monetarista de inflación por emisión y demanda no tiene sustento. Es una arcaica construcción teórica revitalizada en los centros de poder mundial con el pregón de los intelectuales orgánicos de Mont Pelerin, copiados por los vernáculos que construyeron una “comunidad académica” con los profesores y universidades cooptadas por el culto neoliberal. Menos sustento tiene en la Argentina, donde la evidencia mostró, en el crepúsculo del macrismo, como con la emisión congelada los precios revitalizaban su escalada. Y ahora en plena pandemia, luego de todo un período de caída de salarios, con niveles de pobreza que superan el 40%, y con una caída de las posibilidades fácticas de consumo por las condiciones de vida generadas por la peste, los precios siguen creciendo.

¿Pero dónde está la vanguardia del crecimiento de los precios? En los bienes esenciales. Particularmente en los alimentos. En los productos que los economistas llamamos de demanda rígida. Son tan indispensables que los sectores populares los demandan aun a precios más altos. Argentina tiene una característica particular: sus exportaciones tienen una predominancia de bienes salarios, artículos que son indispensables para la vida cotidiana. Los precios de los productos básicos (commodities agropecuarios), que son los insumos para su fabricación, han crecido estrepitosamente durante el último año. El precio de la soja subió un 76%, el del maíz un 100% y el del trigo aumentó un 30%. Estos crecimientos de precios responden a los valores en el golfo de México, o sea que son incrementos de sus precios en dólares. Es decir que si se supone que el dólar creció en Argentina emparejado con la inflación, estas subas son en términos reales, por encima de la inflación. Esta reflexión resulta necesaria porque el comportamiento de los precios internos se alinea con el crecimiento de los precios internacionales. Esa es la conducta de los productores y exportadores de esos bienes primarios. Esas alzas repercuten plenamente en las ventas internas de los bienes exportables, en los costos de los alimentos que se elaboran con ellos y en volúmenes de los márgenes de beneficios de las cadenas de comercialización. También esos impactos se expanden a los valores de los alquileres de los campos y en los de muchos servicios para la producción agropecuaria, frecuentemente valuados a precio de la soja.

Las causas de la inflación

Esta suba ha producido un impacto muy fuerte en los precios internos. Esta es la llamada inflación importada. Esta repercute fundamentalmente en los sectores populares ya que afecta una proporción mucho mayor de sus ingresos respecto a los de los sectores sociales más acomodados. Son bienes cuyo requerimiento tiene menos diferencias entre la demanda de los pobres y los ricos. Pero además, ese tipo de proceso inflacionario modifica los precios relativos entre la producción de las pymes industriales que venden en el mercado interno y la de los productores de la cadena agroalimentaria, amén de que al quedarse estos últimos con una mayor proporción del ingreso disponible por el carácter esencial de esas mercancías, restan capacidad de demanda sobre otros productos de la economía.

La cadena agroalimentaria aguas abajo, o sea los que producen bienes con los insumos granarios y oleaginosos, está altamente concentrada y es formadora de precios en el mercado local. Esas industrias agrupadas en la COPAL resisten las políticas de controles de precios que intentan desacoplar los de los alimentos de los impactos de la suba de los precios internacionales. Durante el año de pandemia y suba de precios de sus insumos han acumulado importantes beneficios. Esta es la prueba que la inflación que se vive hoy en Argentina –sustrayéndonos de los análisis teóricos por un momento- es la suma de la importada y el aumento de la cuota de ganancia de las empresas formadoras de precios. Eventualmente en algún período se pudo haber agregado inflación cambiaria, cuando la devaluación superó a la tasa de inflación. Lo que no hubo fue inflación de demanda ni de emisión. La puja distributiva fue débil, los salarios subieron por la escalera mientras los precios lo hicieron por el ascensor, fenómeno en que influyeron la pandemia, la caída del nivel de actividad y el crecimiento del desempleo.

El producto tradicional del consumo popular en Argentina es la carne vacuna. También hoy es una clave del crecimiento de los precios como resultado de la suba en el mercado mundial. A raíz del fuerte impacto en el costo de vida del pueblo originado por el comportamiento de la oferta cárnica, el gobierno argentino adoptó la prohibición de exportación de este bien.

En plena pandemia los integrantes de la Mesa de Enlace resisten la medida. No casualmente es tan difusa y confusa la línea argumental planteada en forma conjunta por la Sociedad Rural, Confederaciones Rurales, Coninagro y Federación Agraria: que la decisión del gobierno nacional golpearía   «la oferta de un producto  valorado por los consumidores con la consecuencia inmediata de más aumentos”.  La amenaza se extiende ahora, por parte de CRA, a parar la comercialización de cereales.

La declaración de guerra de estas entidades ha ocultado el hecho que la disparada del precio de la carne vacuna en puntos de venta populares fue previa a la medida gubernamental, con un incremento del 148% desde principios de 2020.  No pueden justificar que la suba resulte de una presión de la demanda interna, porque la crisis económica y social causada por la pandemia y la política del gobierno de la alianza PRO-UCR provocó que el consumo actual por habitante sea de menos de 45 kilos anuales, los niveles históricos más bajos del país desde que se llevan registros.

Tampoco cabe a la entidades argumentar aduciendo una caída del stock de ganado del país por razones estructurales, económicas o climáticas, ya que este se ubica en 55 millones de cabezas, por sobre el promedio de 51 millones de las últimas décadas.

Cabe entonces preguntarse dónde está el juego de la oferta y la demanda que determinaría la presión alcista de un producto tan significativo.  La producción de carne vacuna del país se estima en algo más de 3.200.000 toneladas anuales, de las cuales  900.000 toneladas  serían  para la  exportación. Entonces, ante la caída de la demanda interna: ¿se reflejó el resultado en un crecimiento del comercio exterior argentino? De acuerdo a las cifras oficiales de INDEC no.   Las ventas totales al mundo de carne vacuna han venido descendiendo de 3.945  en 2019 a 3.419 millones en 2020,  y aun continuando la caída  en el primer cuatrimestre  de este año, pasando de 1.058 a 1.046 millones de dólares en relación al mismo período del año pasado (- 1,1%). Si se sostiene la producción, cae la demanda interna y las cifras de las exportaciones son raquíticas resulta lógico preguntarse si aquí hay » gato encerrado». O, de acuerdo a un dicho popular  que recuerda cuando las familias ganaderas a principios del siglo XX subían a los barcos transatlánticos un animal con un peón para desayunar con leche fresca en la travesía, si algunos tienen  «una vaca atada».

El aumento de los precios internos se da en paralelo al crecimiento sostenido de los precios internacionales de la carne, aun siendo que los precios declarados por los exportadores a la aduana argentina llamativamente reflejan una caída de más del 9% en el primer trimestre del año.  La inferencia inmediata que surge es que las operaciones  de exportaciones cárnicas no están reflejando la realidad, lo que  debe ser investigado exhaustivamente  y controlado por el Estado por tres motivos:

1. la magnitud que pueden tener maniobras ilegales como la subfacturación de exportaciones y el contrabando, limitando el ingreso de divisas al país y reduciendo la imprescindible recaudación fiscal para afrontar la crisis sanitaria, económica y social,
2. la succión por canales informales de exportación de la producción, impulsando un alza de precios,
3. la generalización de las técnicas de la alimentación por «feed-lots» , que revelaría el impacto sobre los precios de la carne del aumento de los precios de granos y oleaginosas, impacto que también ocurre con los crecientemente significativos  productores aviares y porcinos.

Las retenciones

Es un momento adecuado para destacar las tres virtudes de los derechos de exportación:

1. Un desacople del precio internacional respecto del vigente en el mercado interno. Por ejemplo si se aplicaran retenciones que socializaran la renta diferencial producto del aumento de los precios internacionales de un año atrás hasta hoy, el impacto sobre precios internos del 100% de suba de la soja, del 76% de aumento del maíz y del 30% del trigo, no repercutiría sobre el nivel de precios internos y tampoco sobre los costos de la producción de carne. Se neutralizaría la mayor presión inflacionaria que motiva la explosiva inflación que hoy abruma la coyuntura.
2. Lo recaudado por las retenciones mejoraría notablemente el espacio fiscal del gobierno para desarrollar las políticas públicas de emergencia, indispensables para la atención de la pandemia.
3. Invertiría el cambio de precios relativos que favorecen la reprimarización por otra estructura que promueva la diversificación productiva

Sin embargo los productores de carnes, los grandes industriales y las organizaciones empresariales rechazan la actualización de los derechos de exportación. Por el contrario piden pagar menos impuestos.  De lo que trata el conflicto es, similar a lo ocurrido en 2008, sobre la apropiación de una renta diferencial extraordinaria devenida de los precios record y basada en excepcionales cualidades  de los  recursos naturales del país. Decía David Ricardo en Principios de Economía y Tributación:  «El aumento de la renta es siempre  efecto de la riqueza del país y la dificultad del abastecimiento de su población creciente”. Paradójicamente cuando se habla que el país puede alimentar a centenas millones de personas en el mundo, aumenta la pobreza y la indigencia, siendo el alza de  los precios de los alimentos su motivo más directo.

De la renta  diferencial se benefician los integrantes del sector empresarial de la cadena agroindustrial, tanto por las exportaciones, como por la oligopolización de los mecanismos de oferta interna. Pero la oposición conjunta de todo el gran empresariado a los derechos de exportación obedece a su opción irreductible, aun a costa de ganar menos, de resistir la intervención del Estado en la economía ampliando el empleo, el gasto social y la producción. Prefieren el “estado de confianza”, basado en el debilitamiento de lo público, la reducción del presupuesto y una tasa de desempleo que debilite el salario y la fuerza de los trabajadores

El Estado y el control social deben intervenir en forma decidida para equilibrar un mercado interno  que ya está gravemente afectado, para lo cual esa conducta empresarial impide un camino consensualista.

La palabra retenciones es entendida hoy como una palabra maldita. Pero su no aplicación implica superbeneficios de minorías y penurias para los sectores populares. Los niveles de retenciones para los precios actuales, haciendo el ejercicio de aplicar la tabla de retenciones móviles que preveía la Resolución 125  -no aprobada por la obstinada resistencia del poder económico a una más justa apropiación social de una parte razonable de la renta diferencial del suelo argentino-, un 40% para el maíz en vez del 12% vigente actualmente. Para la soja correspondería una tasa del 49.33% en vez de la del 33% que rige hoy. Para el trigo el nivel debería ser del 20% en lugar del 12% actual. Las retenciones móviles se ajustarían automáticamente hacia arriba cuando la renta diferencial aumentase y a la baja cuando fuera inversa.

Sin embargo, su aplicación hoy no está en el centro del debate. Inclusive es memorado por sectores del propio oficialismo como una gran derrota, mientras se repliegan sobre una actitud autocrítica respecto de esa medida. Sin embargo, la resolución sobre los derechos de exportación fundó la experiencia kirchnerista, galvanizó una intensa fuerza popular que adhirió a un proyecto de transformaciones, la que luego libraría otras batallas de signo nacional, igualitario y emancipador. Algunas se ganaron, otras se perdieron o quedaron a medio hacer. El Chile de la alternancia pinochetista-concertación demostró la inviabilidad del consensualismo. En esa lógica el pueblo siempre perdió. Argentina necesita hoy de la construcción de una mayoría intensa, no sólo electoral sino participativa, dispuesta a poner el alma y el cuerpo en pos de una profundización de la democracia que requiere pujar y confrontar, porque si no se pierde siempre. Los gobiernos nacionales, democráticos y populares fueron resistidos, nunca aceptados por el poder económico concentrado. No hay alquimias para evitarlo